En un panorama donde siete de cada diez operaciones de compra y alquiler de viviendas en España involucran a una agencia inmobiliaria, según datos de FADEI, es tentador concluir que la profesión inmobiliaria está ganando terreno y confianza en la sociedad. Sin embargo, un examen más crítico de la situación sugiere que no todo es tan optimista como parece.
En primer lugar, la preocupante falta de regulación estatal y una adecuada fiscalización de los agentes inmobiliarios genera dudas sobre este dato, que me parece demasiado optimista. Esta situación coloca a los consumidores en una posición vulnerable, donde la transparencia no siempre es la norma y en la que los verdaderos profesionales del sector deben competir en un mercado a menudo marcado por prácticas desleales y un elevado intrusismo.
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